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Lunes 12/11/12. Como cada semana, mostramos el verdadero rostro de Eduardo Costantini, que financia al Museo Malba con la destrucción del Delta, sus bosques y humedales.

Entrevista 3/10/12, Radio X

 
 
El Delta está en emergencia ambiental y las autoridades parecen hacer la vista gorda.
La falta de control es la regla; y la falta de dinero la excusa. ¿Quién nos ayuda a demostrar que con menos se puede más?

Comenzaremos por hacer públicos todos los desastres ambientales de la Primera Sección de Islas del Delta  y la omisión de las autoridades mencionadas. No vamos a permitir que los gobiernos de la Municipalidad de Tigre y de la Provincia de Buenos Aires escuden sus omisiones en cuestiones de caja. Vamos, demostrar que con voluntad y organización es posible controlar lo que pasa en el Delta.

Junto a las personas que envíen sus denuncias y con mucho menos presupuesto, haremos todo lo posible para que el Delta no sea destruido.

Los gobiernos mencionados no solo están violando la legislación ambiental vigente sino que estan desoyendo una medida cautelar dictada por el Poder Judicial. En marco de la causa 'Fundación Pro Tigre y Cuenca del Plata c/ Provincia de Buenos Aires y otro s/pretensión de restablecimiento y reconocimiento de derechos', entre varios requisitos, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 de San Isidro ordenó detener toda obra suceptible de degradar el medio ambiente de Primera Sección hasta tanto los gobiernos mencionados no presenten un estudio de impacto ambiental sinérgico y se de la suficiente participación ciudadana.

Envianos tu denuncia a contactososdelta@gmail.com
 
 
_ La Municipalidad de Tigre lleva su brazo de control a las islas del Delta, pero parece
aplicarlo medio torcido. Mientras que emprendimientos como Isla del Este, que pese a la
medida cautelar municipal continúan construyendo, los funcionarios municiapales solo se
ocupan de desalojar isleños que respetan el ambiente y hace décadas habitan y trabajan
en sus territorios.

En Octubre, el isleño César Javier Villalba fue citado en la Municipalidad por el Dr.
Enrique Alliot, Subsecretario de Gobierno de Massa, para informarle que debía dejar el
terreno en el cual vive con su familia. En esta oportunidad lo amenazó con que debía
hacerlo por las buenas porque de lo contrario sería por las malas. No es al único vecino
que le pasa esto, venimos escuchando que son varios los que reciben este tipo de
intimidaciones.

Días después, el 13 de octubre, en el momento en que Javier salió en un gomón de
la Prefectura llegaron a su casa el Concejal oficialista Horacio Fabeiro, el funcionario
municipal Alliot y un prefecto. En ese momento estaba Mónica, la mujer de Javier, y su
hijo; allí mismo le dijieron: “Ahora atenete a las consecuencias, te vamos a tirar la casa
abajo y te vamos a sacar del terreno”.

Este hecho fue denunciado el 14 de octubre en la Fiscalía de San Isidro y el 17 del mismo
mes se le presentó una carta al Presidente del Concejo Deliberante, Julio Zamora,
para que dicho cuerpo legislativo tome cartas en el asunto. Hasta hoy la denuncia fue
archivada. En la sesión del 8 de noviembre pasado Julio Zamora se negó a ingresar la
cuestión en la sesión.

Ya hubo suficiente con los crímenes cometidos contra los isleños desplazados por el
Colony Park. Es hora de frenar esta adicción por desalojar a quienes respetan la naturaleza
para dar lugar a quienes quieren convertir el ambiente isleño en una ciudad.

¡Respeten el modo de vida isleño, no destruyan nuestro Delta!




 
 
Viernes 24 de Junio, Buenos Aires, Argentina - En una semana se intentará blanquear y legalizar la consumación de uno de los peores crímenes ambientales que el Delta haya sufrido: Colony Park. El Delta y municipios aledaños corren alto riesgo de inundación. Desaparecerían especies únicas; el modo de vida isleña y sus pobladores están en riesgo. La empresa ya ha desalojado violentamente a la mayor parte de los isleños; sus casas fueron quemadas y los que resisten sufren amenazas diariamente.

                El viernes 1 de Julio en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre -Paseo Victorica 902- se llevará a cabo la Audiencia Pública (AP) prevista en la Ley General del Ambiente (Nº 25.675 Art. 21). ¿Por qué insistimos en que dicho acto administrativo es ilegal y blanquearía los crímenes ambientales? La respuesta es simple, la ley exige que la AP se lleve a cabo en la etapa de plantificación junto con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
                El Colony Park comenzó en 2007, el EIA se presentó en Marzo de 2011 y la AP se realizará en Julio. Los principios básicos de dicha ley nacional fueron violados. Las autoridades de aplicación y control (Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Tigre) han hecho la vista gorda durante todos estos años.    José Manuel Molina, el Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), miembro del gabinete de DanielScioli, sostuvo que todavía era un proyecto. El OPDS es el organismo de control provincial que debió advertir a tiempo y detenerlo en el 2007. Hoy, sin considerar los riesgos socio-ambientales, sostienen que con la simple presentación del EIA y la AP se solucionarían las violaciones en las fallas administrativas.
               Sergio Massa, intendente de Tigre, con potestad para controlar los barrios privados (decreto provincial Nº 9404/86), sostuvo que el error fue de la gestión anterior y quien debía actuar ahora es la Provincia de Buenos Aires. El mismo funcionario que permitió el proyecto en aquel entonces hoy es parte del gabinete, su nombre es Antonio Grandoni, Secretario de Gestión Urbana. En Abril, el intendente presentó el Plan de Manejo Sostenible de las Islas del Delta, el mismo tardaría un año y medio en entrar en funcionamiento. Este plan preveía una medida cautelar que prohibía todo tipo de movimiento de tierra durante dicho tiempo. 
   La medida cautelar fue sancionaba por el Concejo Deliberante de Tigre el 10 de Mayo. Hasta el día de hoy, en la Comisión de Islas y Medio Ambiente presidida por el concejal oficialista Horacio Fabeiro, no se tocó el tema. Hubo días que la mayoría oficialista no dio quórum y otros que la misma mayoría votó otra agenda de temas. En síntesis, no se sabe por qué se está dilatando la reglamentación de la cautelar. Es cierto que está vigente, pero para su aplicación requiere que se habilite un número de denuncias, un equipo de controladores y todas las medidas necesarias para controlar que los grandes y medianos emprendimientos no muevan el suelo o los ríos hasta tener la normativa que diga cómo hacerlo.
        Salaya Romera, la inmobiliaria que trabaja para el Colony Park, ya ha comercializado algunos lotes. Es curioso que lo haya hecho ofreciendo tan solo un boleto de compra, ya que los futuros compradores no tienen ningún respaldo de escritura. Aún más curioso es que hayan continuado cuando desde Diciembre de 2010 las obras estaban suspendidas por la última clausura temporal producto de la causa Nº 1379/08, caratulada “Ferreccio, Enrrique Carlos c. Emprendimiento Inmobiliario Colony Park, y Parque de la Isla s/ amparo”. Hoy en día, en vísperas de la AP, la comercialización está suspendida. No obstante, en una conversación telefónica nos han dicho: “El Colony está flojo de papeles, en cuanto se regularice volveremos a comercializar”.                

Al escuchar la confianza con la que Salya Romera informa, ver como se dilata la aplicación efectiva de la medida cautelar municipal y considerando que la clausura judicial citada anteriormente exige el cumplimiento de la AP y el EIA, todo indica que después del 1º de julio Colony Park intentará volver a trabajar en la destrucción del Delta. Pareciera ser un mero trámite, pero no lo es.  

  Como ciudadanos debemos exigir que dicho proceso de la Ley General del Ambiente se cumpla en tiempo y forma procurando respetar el medio ambiente. Como aquí no sucedió, le exigimos a José Molina y Sergio Massa que como funcionarios públicos, por el bien del medio ambiente procuren manifestarse en contra del emprendimiento. Y a Selaya Romera, como reconocida inmobiliaria de Zona Norte, que no haga negocios con la vida del Delta y su gente. 

NOTA - Los artículos que se violan de la Ley General del Ambiente son:ARTÍCULO 11. Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución.ARTÍCULO 21. — La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados.