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Lunes 12/11/12. Como cada semana, mostramos el verdadero rostro de Eduardo Costantini, que financia al Museo Malba con la destrucción del Delta, sus bosques y humedales.

Entrevista 3/10/12, Radio X

 
 
El Delta está en emergencia ambiental y las autoridades parecen hacer la vista gorda.
La falta de control es la regla; y la falta de dinero la excusa. ¿Quién nos ayuda a demostrar que con menos se puede más?

Comenzaremos por hacer públicos todos los desastres ambientales de la Primera Sección de Islas del Delta  y la omisión de las autoridades mencionadas. No vamos a permitir que los gobiernos de la Municipalidad de Tigre y de la Provincia de Buenos Aires escuden sus omisiones en cuestiones de caja. Vamos, demostrar que con voluntad y organización es posible controlar lo que pasa en el Delta.

Junto a las personas que envíen sus denuncias y con mucho menos presupuesto, haremos todo lo posible para que el Delta no sea destruido.

Los gobiernos mencionados no solo están violando la legislación ambiental vigente sino que estan desoyendo una medida cautelar dictada por el Poder Judicial. En marco de la causa 'Fundación Pro Tigre y Cuenca del Plata c/ Provincia de Buenos Aires y otro s/pretensión de restablecimiento y reconocimiento de derechos', entre varios requisitos, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 de San Isidro ordenó detener toda obra suceptible de degradar el medio ambiente de Primera Sección hasta tanto los gobiernos mencionados no presenten un estudio de impacto ambiental sinérgico y se de la suficiente participación ciudadana.

Envianos tu denuncia a contactososdelta@gmail.com
 
 
De los muchos emprendimientos que se están construyendo sobre los humedales, hay uno que por mucho es el más destructivo de todos: Puertos del Lago, del empresario Eduardo Costantini.

Puertos del Lago se ubica sobre aproximadamente 5 km de costa sobre el Río Luján, en Escobar, entre las rutas provinciales 25 y 26 (de ésta última está un tanto más lejos que de la Ruta 25, que marca su límite Noroeste). Su límite por el Sudoeste es otro megaemprendimiento, “El Cantón”. La totalidad de los 24 barrios que compondrán Puertos del Lago estarán ubicados dentro del valle de inundación, es decir entre la barranca y el río. Esa sola circunstancia viola una larga lista de leyes, comenzando por la Constitución Nacional, el Código Civil, la Ley 6253/60, etc. A modo de ejemplo, los arts 1° y 2° de la ley provincial 6254 dicen claramente: 

“Art 1°.- Quedan prohibidos los fraccionamientos y ampliaciones de tipo urbano y barrio parque, en todas las áreas que tengan una cota inferior a + 3,75 I. G. M.”

“Art 2°: Dentro de las zonas prohibidas en el artículo 1° se permitirán fraccionamientos con lotes de no menos de una (1) hectárea, integrantes de fracciones rodeadas de calles y cuya superficie no sea inferior a doce (12) hectáreas”.

No es necesario abundar mucho más: Puertos del Lago es, desde la óptica de las normas de planeamiento del uso del suelo, una aberración territorial; y desde el punto de vista mediambiental, es un proyecto criminal que debe ser inmediatamente detenido, y sus responsables deben comenzar a remediarlo sin demora.

Las imágenes de Puertos del Lago que acompañan esta nota son increíbles: estremece ver las mismas máquinas empleadas en la megaminería destrozando el humedal y su inconmensurable riqueza, arrasando con bosques que fueron creados por la Naturaleza a lo largo de miles de años, perforando el suelo para hacer estanques artificiales, rompiendo el frágil manto sobre el que se asientan los acuíferos.

Eduardo Costantini podrá argumentar toda la vida sobre las ventajas de su negocio inmobiliario, y el cuidadoso manejo ambiental que posee. Nada de eso servirá para ocultar la realidad: donde hasta hoy hay naturaleza viva, Costantini pretende que haya una “ciudad-pueblo” de plástico, una herida abierta en el corazón del Delta.

                                                                                                      
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Breve reseña

  La década del 90 marcó un quiebre en nuestra sociedad: la globalización, con tantos riesgos como oportunidades, y el abandono del Estado en cuestiones que desde siempre le habían sido propias, entre otras razones, marcaron cambios profundos de los que no habría vuelta atrás.

En nuestro país, pero particularmente en nuestra región, el AMBA, comienzan a aparecer nuevas formas de organización social. La vida en la ciudad tradicional va cediendo lugar a los clubes de campo y a los barrios cerrados. Rápidamente, el boom del mercado inmobiliario permitió ampliar la oferta de terrenos y casas en emprendimientos cerrados, acompañado por la privatización de los accesos a la Ciudad Autónoma, y la mayor disponibilidad de crédito hipotecario. Durante varios años se mantuvo el equilibrio dinámico entre la mayor oferta, y una creciente demanda. Así, la disminución en la cantidad del suelo disponible para llevar adelante estos desarrollos privados, produjo lo inevitable: una suba sostenida en el precio de la tierra; tanto, que se llegó a valores por metro cuadrado que disuadían a los desarrolladores. Pero, el “instinto de superviciencia”, traducido en el mundo de los negocios como aquello como la maximización de los beneficios económicos, buscó y encontró nuevas formas de resguardar la rentabilidad de sus inversiones. Fue así que comenzaron a aparecer las “ciudades-pueblo” como Estancias del Pilar y Pilar del Este. Las magnitudes se multiplicaron, y cualquier nuevo desarrollo,  que en la década de los 90 era diseñado para albergar tan sólo a algunas docenas de familias, ahora comenzaba a proponerse para miles.

De nuevo, en la búsqueda de proyectos rentables, los desarrolladores posaron su mirada sobre lo que hasta entonces, y desde hacía miles de años, había sido un santuario natural: los humedales.

Los humedales

Por lo general, los humedales ocupan áreas linderas a los cursos de agua, cumplen funciones vitales en el ciclo de la vida, como por ejemplo, ser hogar de la más variada flora y fauna, ser depurador y contenedor de las aguas superficiales en su viaje hacia acuíferos y ríos, estabilizar el régimen de lluvias, y muchas funciones más (ver http://www.sosdelta.org/funciones.html).
 
 
"Es un problema que el Delta sea inundable, y que el agua este mojada; hay que secar todo"
Ayer, lunes 31 de Octubre de 2011, se llevó adelante la Consulta Pública por el Proyecto de Desarrollo Sustentable para el Delta en el Hotel Plaza de Campana. Allí participamos junto a organizaciones ambientalistas, vecinos, productores del Delta y científicos. Dicho proyecto es parte del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), instrumento de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP). Para la realización se contraerá una deuda de u$15 millones a pagar en 25 años al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Más allá del oportunísmo económico de incrementar la deuda externa, este proyecto que dice ser sustentable, no lo es. Partiendo de la base que identifica la inundabilidad del Delta como el primer  problema y aspecto a mejorar del área, deja mucho que desear.   Se proyectan “alteos” (terraplenes) de hasta 5m para el transporte y secado de los campos forestales. La pampeanización del Delta no es una solución acorde a las funciones del humedal.  Incluso, es uso excesivo, secaría los nutrientes del suelo perjudicando a los mismos productores que apoyan el proyecto.

Es cierto que el Delta productivo a estado olvidado, que por ejemplo los bomberos tardan hora y media hasta islas o que las ambulancias no llegan a tiempo, pero levantar terraplenes del tamaño mencionado crearía un tapón hídrico secando un lado e inundando el otro. No es tan simple hacer caminos, es necesario planificar corredores biológicos e hídricos para permitir el flujo de agua y fauna.

Otra objeción determinante es que identifica a las urbanizaciones sobre rellenos cómo sustentables. También plantea el fomento del cultivo de bamboo, una planta tan invasora que desplazaría otras nativas desequilibrando aún más el ecosistema.

En lo que atañe la legislación ambiental, también es desastroso. No se respeta ni menciona el PIECAS, un acuerdo interprovincial entre Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe; no participó el OPDS de la Consulta Pública quien está trabajando en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos; los rellenos va a trasmano de la posición del OPDS en Colony Park y el fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional en los terraplenes de Iberá.

Entonces, ¿qué tiene de “sustentable”? Propone resguardar tan solo el Delta en crecimiento, como si funcionara un sistema totalmente distinto al resto del Delta y fomentaría un centro de investigación para la zona núcleo del Delta. En números, solo cerca del 3% de la inversión sería destinada al aspecto sustentable, 17% a asistencia técnica y el 80% restante a endicados y terraplenes.

Por todo lo dicho rechazamos el proyecto y exigimos un delta sustentable; que contemple las necesidades de los productores, pero teniendo en cuenta corredores hídricos y biológicos.

 
 
Tigre, 1º de Julio de 2011.- Con una casi unánime oposición al barrio privado del Delta, se realizó la audiencia pública a la que todos los oradores calificaron de nulidad, por concretarse más de 3 años después de haber comenzado el proyecto. La primera oradora fue Laura Janeiro, responsable de Colony Park, quien no hizo un buen papel. Si bien su exposición fue la única con proyección de fotos, todo lo que dijo fue usado en su contra por quienes la sucedieron al micrófono.

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Desde las distintas organizaciones y asambleas vecinales, habitantes de las islas, científicos y legisladores tanto municipales como provinciales, destacaron la violación de las distintas leyes y vulneración de los derechos de isleños por parte de la empresa.

De casi 100 oradores, no hubo uno que apoyara el emprendimiento. Solamente la misma representante del Colony Park, la bióloga Laura Janeiro. Es interesante como Concejales de San Fernando y Tigre se manifestaron en contra del proyecto cuando años antes miraron hacia un costado.

Lo asombroso fue la posición de las Municipalidades de San Fernando y Tigre, que si bien hace 3 años se mostraron amigas del emprendimiento, hoy presentaron su negativa por tratarse de una aberración. Concejales de Tigre, como Julio Zamora, presidente del cuerpo legislativo, que ayer miraron para un costado, hoy alzaron su voz como los mayores enemigos del Colony Park. Esperemos que esto sea un hecho y no una mera promesa electoral. Todavía falta efectivizar la medida cautelar, dictada el 10/5/2011, que prohíbe cualquier gran movimiento de tierra hasta tanto se finalice el Plan de Manejo del Delta. Hay emprendimientos como Isla Pacífico que continúan trabajando.
Queda un largo camino por recorrer. Debemos detener el Colony Park, hacerlo es ganar una gran batalla contra los mega proyectos inmobiliarios que quieren enterrar nuestro delta.

Esperemos que este intervalo de ambientalismo no sea una mera promesa electoral. Somos optimistas y creemos que la presión mediática y ciudadana los ha hecho reflexionar y se detendrán definitivamente los emprendimientos que, aun con la medida cautelar de la municipalidad de Tigre (10/5/2011), continúan trabajando.

 
 
Viernes 24 de Junio, Buenos Aires, Argentina - En una semana se intentará blanquear y legalizar la consumación de uno de los peores crímenes ambientales que el Delta haya sufrido: Colony Park. El Delta y municipios aledaños corren alto riesgo de inundación. Desaparecerían especies únicas; el modo de vida isleña y sus pobladores están en riesgo. La empresa ya ha desalojado violentamente a la mayor parte de los isleños; sus casas fueron quemadas y los que resisten sufren amenazas diariamente.

                El viernes 1 de Julio en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre -Paseo Victorica 902- se llevará a cabo la Audiencia Pública (AP) prevista en la Ley General del Ambiente (Nº 25.675 Art. 21). ¿Por qué insistimos en que dicho acto administrativo es ilegal y blanquearía los crímenes ambientales? La respuesta es simple, la ley exige que la AP se lleve a cabo en la etapa de plantificación junto con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
                El Colony Park comenzó en 2007, el EIA se presentó en Marzo de 2011 y la AP se realizará en Julio. Los principios básicos de dicha ley nacional fueron violados. Las autoridades de aplicación y control (Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Tigre) han hecho la vista gorda durante todos estos años.    José Manuel Molina, el Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), miembro del gabinete de DanielScioli, sostuvo que todavía era un proyecto. El OPDS es el organismo de control provincial que debió advertir a tiempo y detenerlo en el 2007. Hoy, sin considerar los riesgos socio-ambientales, sostienen que con la simple presentación del EIA y la AP se solucionarían las violaciones en las fallas administrativas.
               Sergio Massa, intendente de Tigre, con potestad para controlar los barrios privados (decreto provincial Nº 9404/86), sostuvo que el error fue de la gestión anterior y quien debía actuar ahora es la Provincia de Buenos Aires. El mismo funcionario que permitió el proyecto en aquel entonces hoy es parte del gabinete, su nombre es Antonio Grandoni, Secretario de Gestión Urbana. En Abril, el intendente presentó el Plan de Manejo Sostenible de las Islas del Delta, el mismo tardaría un año y medio en entrar en funcionamiento. Este plan preveía una medida cautelar que prohibía todo tipo de movimiento de tierra durante dicho tiempo. 
   La medida cautelar fue sancionaba por el Concejo Deliberante de Tigre el 10 de Mayo. Hasta el día de hoy, en la Comisión de Islas y Medio Ambiente presidida por el concejal oficialista Horacio Fabeiro, no se tocó el tema. Hubo días que la mayoría oficialista no dio quórum y otros que la misma mayoría votó otra agenda de temas. En síntesis, no se sabe por qué se está dilatando la reglamentación de la cautelar. Es cierto que está vigente, pero para su aplicación requiere que se habilite un número de denuncias, un equipo de controladores y todas las medidas necesarias para controlar que los grandes y medianos emprendimientos no muevan el suelo o los ríos hasta tener la normativa que diga cómo hacerlo.
        Salaya Romera, la inmobiliaria que trabaja para el Colony Park, ya ha comercializado algunos lotes. Es curioso que lo haya hecho ofreciendo tan solo un boleto de compra, ya que los futuros compradores no tienen ningún respaldo de escritura. Aún más curioso es que hayan continuado cuando desde Diciembre de 2010 las obras estaban suspendidas por la última clausura temporal producto de la causa Nº 1379/08, caratulada “Ferreccio, Enrrique Carlos c. Emprendimiento Inmobiliario Colony Park, y Parque de la Isla s/ amparo”. Hoy en día, en vísperas de la AP, la comercialización está suspendida. No obstante, en una conversación telefónica nos han dicho: “El Colony está flojo de papeles, en cuanto se regularice volveremos a comercializar”.                

Al escuchar la confianza con la que Salya Romera informa, ver como se dilata la aplicación efectiva de la medida cautelar municipal y considerando que la clausura judicial citada anteriormente exige el cumplimiento de la AP y el EIA, todo indica que después del 1º de julio Colony Park intentará volver a trabajar en la destrucción del Delta. Pareciera ser un mero trámite, pero no lo es.  

  Como ciudadanos debemos exigir que dicho proceso de la Ley General del Ambiente se cumpla en tiempo y forma procurando respetar el medio ambiente. Como aquí no sucedió, le exigimos a José Molina y Sergio Massa que como funcionarios públicos, por el bien del medio ambiente procuren manifestarse en contra del emprendimiento. Y a Selaya Romera, como reconocida inmobiliaria de Zona Norte, que no haga negocios con la vida del Delta y su gente. 

NOTA - Los artículos que se violan de la Ley General del Ambiente son:ARTÍCULO 11. Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución.ARTÍCULO 21. — La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados.