_ La Municipalidad de Tigre lleva su brazo de control a las islas del Delta, pero parece
aplicarlo medio torcido. Mientras que emprendimientos como Isla del Este, que pese a la
medida cautelar municipal continúan construyendo, los funcionarios municiapales solo se
ocupan de desalojar isleños que respetan el ambiente y hace décadas habitan y trabajan
en sus territorios.

En Octubre, el isleño César Javier Villalba fue citado en la Municipalidad por el Dr.
Enrique Alliot, Subsecretario de Gobierno de Massa, para informarle que debía dejar el
terreno en el cual vive con su familia. En esta oportunidad lo amenazó con que debía
hacerlo por las buenas porque de lo contrario sería por las malas. No es al único vecino
que le pasa esto, venimos escuchando que son varios los que reciben este tipo de
intimidaciones.

Días después, el 13 de octubre, en el momento en que Javier salió en un gomón de
la Prefectura llegaron a su casa el Concejal oficialista Horacio Fabeiro, el funcionario
municipal Alliot y un prefecto. En ese momento estaba Mónica, la mujer de Javier, y su
hijo; allí mismo le dijieron: “Ahora atenete a las consecuencias, te vamos a tirar la casa
abajo y te vamos a sacar del terreno”.

Este hecho fue denunciado el 14 de octubre en la Fiscalía de San Isidro y el 17 del mismo
mes se le presentó una carta al Presidente del Concejo Deliberante, Julio Zamora,
para que dicho cuerpo legislativo tome cartas en el asunto. Hasta hoy la denuncia fue
archivada. En la sesión del 8 de noviembre pasado Julio Zamora se negó a ingresar la
cuestión en la sesión.

Ya hubo suficiente con los crímenes cometidos contra los isleños desplazados por el
Colony Park. Es hora de frenar esta adicción por desalojar a quienes respetan la naturaleza
para dar lugar a quienes quieren convertir el ambiente isleño en una ciudad.

¡Respeten el modo de vida isleño, no destruyan nuestro Delta!

_ Hoy por la madrugada, tres activistas de SOS Delta treparon al techo de la mansión en construcción de Schwartz, en reclamo de los impactos socio-ambientales cometidos por la firma Colony Park en las islas del Delta. La actividad consistió en desplegar un cartel con la frase: “El Sr. Schwartz destruye nuestro Delta”.

_  A pesar de la audiencia pública desfavorable y la negación de impacto ambiental del OPDS –Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible-, Adrián G. Schwartz y el resto de los inversores hace oídos sordos apelando el fallo. Insisten en destruir nuestro Delta para seguir adelante con el megaproyecto inmobiliario.

Hay evidencia científica suficiente como para conocer la importancia de los humedales y ratificar los daños cometidos como los que causarían si Colony Park continúa.  

Exigimos que la firma Colony Park retire su apelación, presente inmediatamente el plan de remediación e indemnice a los isleños afectados.

Los activistas fueron demorados por la policía. Luego se retiraron del lugar sin ocasionar daños, quitando el cartel  y dejando las instalaciones como las encontraron.

_ Estos días, salimos a la calle a informar sobre los crímenes socio-ambientales cometidos por Adrián Gabriel Schwartz, quien está al frente de Colony Park. Hay evidencia científica suficiente como para conocer la importancia de los humedales y ratificar los daños cometidos y los que se causarían si Colony Park continúa.

No obstante, a Adrián G. Schwartz y al resto de los inversores parece no importarles nada. Ha apelado la DIA en la que el OPDS les exigió que presenten un plan de remediación, insiste en destruir el Delta. No le importa  las funciones ambientales que cumple; no le importa la gente que vive allí y mucho menos la opinión expresada en la Audiencia Pública por reconocidos científicos, ONGs, municipios y vecinos.

Exigimos que la firma Colony Park retire su apelación, presente inmediatamente el plan de remediación e indemnice a los isleños afectados. Para luego comenzar  a trabajar en la reconstitución ambiental.

Adrian Gabriel Schwartz, presidente de Colony Park y principal impulsor de este criminal negocio inmobiliario,  apeló la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del OPDS.  Es decir, insisten en continuar destruyendo nuestro Delta y la gente que lo habita.

Schwartz es un empresario con años en el ambiente náutico, tiene la concesión del club náutico Marina del Norte, emprendimientos inmobiliarios edilicios muy cuestionados en la zona de Vicente López, y es titular del grupo Simpa SA y Manufacturas Austral SA (fábricas de plástico).

No faltan argumentos para sostener que la DIA puso freno a uno de los peores crímenes ambientales de nuestro Delta. Estuvo apoyada en un basto sustento científico y una rotunda oposición vecinal, lo cual fue manifestado en la Audiencia Pública del 1º de Julio. Luego, el OPDS intimó a la firma Colony Park a que en un plazo de 90 días presente un plan de remediación ambiental. Esto significa, los pasos a seguir para reconstituir los daños causados por los crímenes ambientales cometidos.

La apelación de la firma nos da a pensar que Schwartz y los empresarios detrás de este emprendimiento no les preocupan destruir las funciones que nuestro Delta cumple ni la gente que allí vive. Por todo esto, le exigimos a Adrián Gabriel Schwartz y el resto de los empresarios, que retire la apelación presentada contra la Declaración de Impacto Ambiental y cumpla con la remediación ambiental correspondiente.

Del futuro de este conflicto no solo depende el sector más vulnerable del humedal (el frente de islas en crecimiento) y los efectos que pueda tener en el resto del área.  Si no, también la vida de más de 15 familias de isleños quienes fueron objetivo de presiones, amenazas y brutalmente desalojadas de sus terrenos cuando llegó Colony Park. Estas agresiones constan en la causa Nº 2843 del Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, a cargo de la Jueza Dra. Sandra Arroyo Salgado.

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"Es un problema que el Delta sea inundable, y que el agua este mojada; hay que secar todo"

Ayer, lunes 31 de Octubre de 2011, se llevó adelante la Consulta Pública por el Proyecto de Desarrollo Sustentable para el Delta en el Hotel Plaza de Campana. Allí participamos junto a organizaciones ambientalistas, vecinos, productores del Delta y científicos. Dicho proyecto es parte del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), instrumento de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP). Para la realización se contraerá una deuda de u$15 millones a pagar en 25 años al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Más allá del oportunísmo económico de incrementar la deuda externa, este proyecto que dice ser sustentable, no lo es. Partiendo de la base que identifica la inundabilidad del Delta como el primer  problema y aspecto a mejorar del área, deja mucho que desear.   Se proyectan “alteos” (terraplenes) de hasta 5m para el transporte y secado de los campos forestales. La pampeanización del Delta no es una solución acorde a las funciones del humedal.  Incluso, es uso excesivo, secaría los nutrientes del suelo perjudicando a los mismos productores que apoyan el proyecto.

Es cierto que el Delta productivo a estado olvidado, que por ejemplo los bomberos tardan hora y media hasta islas o que las ambulancias no llegan a tiempo, pero levantar terraplenes del tamaño mencionado crearía un tapón hídrico secando un lado e inundando el otro. No es tan simple hacer caminos, es necesario planificar corredores biológicos e hídricos para permitir el flujo de agua y fauna.

Otra objeción determinante es que identifica a las urbanizaciones sobre rellenos cómo sustentables. También plantea el fomento del cultivo de bamboo, una planta tan invasora que desplazaría otras nativas desequilibrando aún más el ecosistema.

En lo que atañe la legislación ambiental, también es desastroso. No se respeta ni menciona el PIECAS, un acuerdo interprovincial entre Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe; no participó el OPDS de la Consulta Pública quien está trabajando en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos; los rellenos va a trasmano de la posición del OPDS en Colony Park y el fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional en los terraplenes de Iberá.

Entonces, ¿qué tiene de “sustentable”? Propone resguardar tan solo el Delta en crecimiento, como si funcionara un sistema totalmente distinto al resto del Delta y fomentaría un centro de investigación para la zona núcleo del Delta. En números, solo cerca del 3% de la inversión sería destinada al aspecto sustentable, 17% a asistencia técnica y el 80% restante a endicados y terraplenes.

Por todo lo dicho rechazamos el proyecto y exigimos un delta sustentable; que contemple las necesidades de los productores, pero teniendo en cuenta corredores hídricos y biológicos.