Viernes 24 de Junio, Buenos Aires, Argentina - En una semana se intentará blanquear y legalizar la consumación de uno de los peores crímenes ambientales que el Delta haya sufrido: Colony Park. El Delta y municipios aledaños corren alto riesgo de inundación. Desaparecerían especies únicas; el modo de vida isleña y sus pobladores están en riesgo. La empresa ya ha desalojado violentamente a la mayor parte de los isleños; sus casas fueron quemadas y los que resisten sufren amenazas diariamente.
El viernes 1 de Julio en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre -Paseo Victorica 902- se llevará a cabo la Audiencia Pública (AP) prevista en la Ley General del Ambiente (Nº 25.675 Art. 21). ¿Por qué insistimos en que dicho acto administrativo es ilegal y blanquearía los crímenes ambientales? La respuesta es simple, la ley exige que la AP se lleve a cabo en la etapa de plantificación junto con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
El Colony Park comenzó en 2007, el EIA se presentó en Marzo de 2011 y la AP se realizará en Julio. Los principios básicos de dicha ley nacional fueron violados. Las autoridades de aplicación y control (Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Tigre) han hecho la vista gorda durante todos estos años. José Manuel Molina, el Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), miembro del gabinete de DanielScioli, sostuvo que todavía era un proyecto. El OPDS es el organismo de control provincial que debió advertir a tiempo y detenerlo en el 2007. Hoy, sin considerar los riesgos socio-ambientales, sostienen que con la simple presentación del EIA y la AP se solucionarían las violaciones en las fallas administrativas.
Sergio Massa, intendente de Tigre, con potestad para controlar los barrios privados (decreto provincial Nº 9404/86), sostuvo que el error fue de la gestión anterior y quien debía actuar ahora es la Provincia de Buenos Aires. El mismo funcionario que permitió el proyecto en aquel entonces hoy es parte del gabinete, su nombre es Antonio Grandoni, Secretario de Gestión Urbana. En Abril, el intendente presentó el Plan de Manejo Sostenible de las Islas del Delta, el mismo tardaría un año y medio en entrar en funcionamiento. Este plan preveía una medida cautelar que prohibía todo tipo de movimiento de tierra durante dicho tiempo.
La medida cautelar fue sancionaba por el Concejo Deliberante de Tigre el 10 de Mayo. Hasta el día de hoy, en la Comisión de Islas y Medio Ambiente presidida por el concejal oficialista Horacio Fabeiro, no se tocó el tema. Hubo días que la mayoría oficialista no dio quórum y otros que la misma mayoría votó otra agenda de temas. En síntesis, no se sabe por qué se está dilatando la reglamentación de la cautelar. Es cierto que está vigente, pero para su aplicación requiere que se habilite un número de denuncias, un equipo de controladores y todas las medidas necesarias para controlar que los grandes y medianos emprendimientos no muevan el suelo o los ríos hasta tener la normativa que diga cómo hacerlo.
El viernes 1 de Julio en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre -Paseo Victorica 902- se llevará a cabo la Audiencia Pública (AP) prevista en la Ley General del Ambiente (Nº 25.675 Art. 21). ¿Por qué insistimos en que dicho acto administrativo es ilegal y blanquearía los crímenes ambientales? La respuesta es simple, la ley exige que la AP se lleve a cabo en la etapa de plantificación junto con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
El Colony Park comenzó en 2007, el EIA se presentó en Marzo de 2011 y la AP se realizará en Julio. Los principios básicos de dicha ley nacional fueron violados. Las autoridades de aplicación y control (Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Tigre) han hecho la vista gorda durante todos estos años. José Manuel Molina, el Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), miembro del gabinete de DanielScioli, sostuvo que todavía era un proyecto. El OPDS es el organismo de control provincial que debió advertir a tiempo y detenerlo en el 2007. Hoy, sin considerar los riesgos socio-ambientales, sostienen que con la simple presentación del EIA y la AP se solucionarían las violaciones en las fallas administrativas.
Sergio Massa, intendente de Tigre, con potestad para controlar los barrios privados (decreto provincial Nº 9404/86), sostuvo que el error fue de la gestión anterior y quien debía actuar ahora es la Provincia de Buenos Aires. El mismo funcionario que permitió el proyecto en aquel entonces hoy es parte del gabinete, su nombre es Antonio Grandoni, Secretario de Gestión Urbana. En Abril, el intendente presentó el Plan de Manejo Sostenible de las Islas del Delta, el mismo tardaría un año y medio en entrar en funcionamiento. Este plan preveía una medida cautelar que prohibía todo tipo de movimiento de tierra durante dicho tiempo.
La medida cautelar fue sancionaba por el Concejo Deliberante de Tigre el 10 de Mayo. Hasta el día de hoy, en la Comisión de Islas y Medio Ambiente presidida por el concejal oficialista Horacio Fabeiro, no se tocó el tema. Hubo días que la mayoría oficialista no dio quórum y otros que la misma mayoría votó otra agenda de temas. En síntesis, no se sabe por qué se está dilatando la reglamentación de la cautelar. Es cierto que está vigente, pero para su aplicación requiere que se habilite un número de denuncias, un equipo de controladores y todas las medidas necesarias para controlar que los grandes y medianos emprendimientos no muevan el suelo o los ríos hasta tener la normativa que diga cómo hacerlo.
Salaya Romera, la inmobiliaria que trabaja para el Colony Park, ya ha comercializado algunos lotes. Es curioso que lo haya hecho ofreciendo tan solo un boleto de compra, ya que los futuros compradores no tienen ningún respaldo de escritura. Aún más curioso es que hayan continuado cuando desde Diciembre de 2010 las obras estaban suspendidas por la última clausura temporal producto de la causa Nº 1379/08, caratulada “Ferreccio, Enrrique Carlos c. Emprendimiento Inmobiliario Colony Park, y Parque de la Isla s/ amparo”. Hoy en día, en vísperas de la AP, la comercialización está suspendida. No obstante, en una conversación telefónica nos han dicho: “El Colony está flojo de papeles, en cuanto se regularice volveremos a comercializar”.
Al escuchar la confianza con la que Salya Romera informa, ver como se dilata la aplicación efectiva de la medida cautelar municipal y considerando que la clausura judicial citada anteriormente exige el cumplimiento de la AP y el EIA, todo indica que después del 1º de julio Colony Park intentará volver a trabajar en la destrucción del Delta. Pareciera ser un mero trámite, pero no lo es.
Como ciudadanos debemos exigir que dicho proceso de la Ley General del Ambiente se cumpla en tiempo y forma procurando respetar el medio ambiente. Como aquí no sucedió, le exigimos a José Molina y Sergio Massa que como funcionarios públicos, por el bien del medio ambiente procuren manifestarse en contra del emprendimiento. Y a Selaya Romera, como reconocida inmobiliaria de Zona Norte, que no haga negocios con la vida del Delta y su gente.
NOTA - Los artículos que se violan de la Ley General del Ambiente son:ARTÍCULO 11. — Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución.ARTÍCULO 21. — La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados.
Al escuchar la confianza con la que Salya Romera informa, ver como se dilata la aplicación efectiva de la medida cautelar municipal y considerando que la clausura judicial citada anteriormente exige el cumplimiento de la AP y el EIA, todo indica que después del 1º de julio Colony Park intentará volver a trabajar en la destrucción del Delta. Pareciera ser un mero trámite, pero no lo es.
Como ciudadanos debemos exigir que dicho proceso de la Ley General del Ambiente se cumpla en tiempo y forma procurando respetar el medio ambiente. Como aquí no sucedió, le exigimos a José Molina y Sergio Massa que como funcionarios públicos, por el bien del medio ambiente procuren manifestarse en contra del emprendimiento. Y a Selaya Romera, como reconocida inmobiliaria de Zona Norte, que no haga negocios con la vida del Delta y su gente.
NOTA - Los artículos que se violan de la Ley General del Ambiente son:ARTÍCULO 11. — Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución.ARTÍCULO 21. — La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados.
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